La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley de financiamiento político que apunta a legalizar los aportes de empresas privadas a las campañas electorales de las agrupaciones políticas de su preferencia. Fue por 147 votos a favor y 69 en contra. La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado.
En sesión especial, y con ayuda de los bloques de la oposición “dialoguista“, Cambiemos logró aprobar en general y convertir en ley el proyecto que establece entre otras cosas que la reducción del 10% al 5% del total del espacio disponible el aporte que los medios audiovisuales hacen en las campañas y se regula la publicidad digital por medio de las redes sociales. En ese sentido, se establece la atribución de la Cámara Electoral para controlar la publicidad digital.
Por otra parte, el texto incrementa el aporte que el Estado debe hacer a los partidos políticos para la impresión de boletas, y establece el control y auditoría que la Cámara Electoral debe realizar sobre los informes de los partidos políticos, vinculados a sus gastos de campaña y a sus balances.
Asimismo, se establece una modificación en el destino del Fondo Partidario Permanente: se agrega el 30% destinado a la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido.
En tanto que las encuestadoras también son alcanzadas por el proyecto: deberán inscribirse en un registro e informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos.
En ese sentido, el miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, se encargó de defender la iniciativa que, en sus palabras, “restablece el financiamiento mixto de los partidos en campañas”, “evita la informalidad” prohibiendo las donaciones anónimas, y le devuelve a “los ciudadanos el derecho a contribuir en el desenvolvimiento ordinario” de las agrupaciones políticas.
A su turno, el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre, argumentó: “La defensa de la democracia tiene que ser una prioridad y esta ley ayuda a fortalecer las instituciones”.
Por su parte, la diputada Emilia Soria (FPV-PJ) indicó que “es una de las iniciativas más trascendentales”, aunque se expresó en contra del proyecto al señalar: “Esta norma quiere beneficiar a un partido sobre otro, sin lograr la equidad”.
