La Sociedad Rural de Río Cuarto reiteró su contundente rechazo al proyecto de “Ley del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas” que comenzará a tratarse este martes en Diputados.
La entidad ruralista riocuartense expresa su profundo malestar con la decisión de los legisladores del oficialismo cordobés de votar afirmativamente “un impuesto claramente distorsivo, confiscatorio y que desalienta la inversión”.
El texto
Como lo señalaron diversas entidades, el “impuesto a la riqueza” castiga al sector agropecuario con un tributo que compromete sus activos y su capacidad exportadora, al tiempo que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo.
El nuevo impuesto golpeará a miles de pymes porque grava de forma directa el capital de trabajo, los bienes de cambio, la maquinaria y los equipos. No se tiene en cuenta que muchos de ellos tomaron créditos para acceder a mayor tecnología, están cubriendo sus deudas con los bancos y no tienen capacidad de pago. Tampoco se contempla, por ejemplo, que los productores del sur de Córdoba vienen de una magra campaña agrícola, azotada por la sequía, heladas o incendios, con márgenes negativos.
De esta manera, tributarán quienes construyeron riqueza con trabajo y esfuerzo de generaciones, sin observar que la dirigencia política ponga el mismo énfasis en investigar y en gravar riquezas de dudosa procedencia.
A pocas horas de que el gobernador Juan Schiaretti afirmara en las Jornada Nacional del Agro (Jonagro) que “sólo cuidando al campo vamos a superar la crisis”, sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación (Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Casinerio y Claudia Márquez) se aprestan a votar favorablemente la iniciativa.
Se advierte que por su perfil productivo la provincia de Córdoba es una de las que más recursos aporta al Estado Nacional en concepto de otro impuesto confiscatorio como son los derechos de exportación, pero a la vez es una de las que menos coparticipación per cápita recibe.
Por eso es difícil de comprender desde nuestro sector –y mucho más explicarlo o justificarlo por parte de los legisladores del oficialismo cordobés- este aval al “impuesto a la riqueza”, que tampoco es coparticipable, quedando a merced de la discrecionalidad del poder central a la hora del reparto de fondos.
Esta decisión va exactamente en el sentido opuesto a lo que se declama desde las tribunas. No hay apoyo al campo. Por el contrario, se votan medidas que desalientan las inversiones, la producción y la generación de empleo, y se acompaña una preocupante escalada política del Gobierno nacional que cercena de recursos a la Provincia.
