La ex presidenta cumplirá la condena de la Causa Vialidad en su domicilio del barrio porteño de Constitución. Se le impuso el uso de una tobillera electrónica, listado de posibles visitas y una restricción que apunta a evitar las concentraciones de manifestantes.
La Justicia finalmente le concedió a la expresidenta Cristina Fernández la prisión domiciliaria en la causa Vialidad en el domicilio de la calle San José 1.111 en Constitución. Sin embargo, le impuso una serie de condicionamientos que deberá respetar para poder conservar el beneficio.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, encabezado por los jueces Gorini, Uriburu y Basso, dispuso en su resolución «la detención de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena» a seis años que ratificó la Corte Suprema la semana pasada.
Además, le impuso a la ex mandataria reglas de conducta «las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión».
En primer lugar, deberá permanecer en el domicilio elegido, salvo «en situaciones excepcionales» que deberá informar a la Justicia y «justificar debidamente» y se le impuso el uso de una tobillera electrónica.
También pusieron una restricción que apunta a evitar las concentraciones de manifestantes en el frente de su departamento. En este sentido, indicaron que «deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes».
En el mismo sentido, el tribunal también limitó la cantidad de visitas que podrá recibir. La exmandataria tendrá 48 horas hábiles para presentar un listado de personas que estarán autorizadas a ingresar al domicilio sin autorización judicial. En esta nómina se incluyen familiares, custodia policial, profesionales de la salud que la asisten habitualmente y abogados que la representan. Toda persona que no está incluida en el listado deberá pedir autorización judicial.
