Al menos 64 personas fallecieron este martes en un megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV). «Ninguna política de seguridad puede sostenerse con este baño de sangre», cuestionó un organismo de DDHH.
Al menos 64 personas fallecieron, cuatro de ellas policías, y 81 fueron arrestadas este martes en un megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV) en los complejos habitacionales Alemão y Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro.
Las cifras fueron confirmadas por el Palacio Guanabara, sede del gobierno carioca.
Según se informó oficialmente, al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro salieron a ejecutar 100 órdenes de arresto y al llegar, aún de madrugada, narcotraficantes respondieron con disparos y armando piquetes.
La Policía Civil también declaró que, en represalia, los delincuentes lanzaron bombas con drones. Otros huyeron en fila india por la parte alta de la comunidad, en una escena similar a la masacre de 2010 durante la ocupación de Alemão, según reportó Globo.com.
Entre los arrestados se encuentra Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, uno de los líderes del Comando Vermelho en la región.
Otro capturado es Nicolas Fernandes Soares, identificado como operador financiero de uno de los principales líderes del CV, Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca o Urso, según Globo.com
El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, afirmó que la operación fue diseñada con antelación y no contó con el apoyo del gobierno federal.
A primera hora de la tarde, narcotraficantes organizaron represalias en varias zonas de la ciudad. Se instalaron barricadas con vehículos confiscados o escombros en Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá y Rua Dias da Cruz, en Méier, entre muchos otros lugares.
Debido a los múltiples bloqueos, el Centro de Operaciones y Resiliencia de Río (COR) elevó el nivel operacional de la ciudad al nivel 2, de una escala de 5. La Policía Militar ordenó el despliegue de todo el personal en las calles, para lo cual suspendió las actividades administrativas.
El gobernador Claudio Castro calificó la operación como una respuesta del Estado a lo que denominó “narcoterrorismo”, al afirmar que el objetivo es frenar la expansión territorial de la organización criminal, con presencia creciente en varios barrios de la capital estatal y de municipios vecinos, indicó la agencia Xinhua.
“Esta situación excede nuestras competencias, ya debería existir una integración con las fuerzas federales”, señaló. Narró que los delincuentes instalaron barricadas y usaron drones para lanzar explosivos contra los elementos de seguridad y contra la población en el Complexo da Penha, en un intento por dificultar el avance policial.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Víctor Santos, afirmó que los dos complejos, Alemão y Penha, suman unos nueve millones de metros cuadrados de ocupación irregular y es “imposible” su control únicamente con efectivos de seguridad estatal.
La operación policial y militar movilizó helicópteros, drones, vehículos blindados, unidades de demolición y ambulancias, al tiempo que en la acción participaron agentes de la Coordinadora de Recursos Especiales, delegaciones especializadas, la Policía Militar y el Comando de Operaciones Especiales.
Vecinos de las comunidades informaron de intensos tiroteos desde la madrugada de este martes y dificultades para salir de sus viviendas, además de que al menos cinco centros de salud de Penha y el Complexo do Alemão suspendieron actividades por motivos de seguridad.
El Gobierno de Río de Janeiro compartió que la operación de seguridad comenzará hasta cumplir todas las órdenes judiciales y restablecer el control del territorio.
«Escenario de guerra y barbarie»
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) envió cartas al Ministerio Público y a la Policía Civil y Militar, exigiendo explicaciones sobre las circunstancias de la Operación Convención, lanzada en la madrugada de este martes.
Según la presidenta del comité, la diputada Dani Monteiro (PSOL), la operación transformó las favelas de Río “en un escenario de guerra y barbarie”, reportó Agencia Brasil.
Según la parlamentaria, la comisión sigue “con extrema preocupación” la escalada de violencia provocada por la megaoperación contra el grupo criminal Comando Vermelho en favelas de Río, que ha dejado hasta el momento 64 muertos, incluidos cuatro policías civiles, además de varios agentes baleados.
Dani Monteiro afirmó, en un comunicado, que “ninguna política de seguridad puede sostenerse con este baño de sangre”.
«Nos enfrentamos a una operación letal sin precedentes. El Estado no puede seguir actuando como si existiera la pena de muerte, ni como si las favelas fueran territorio enemigo o escenario de un espectáculo», agregaron.
“Es grave que el gobernador Cláudio Castro insista en actuar solo, mientras el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirma haber respondido con prontitud a todas las solicitudes del gobierno estatal para el uso de la Fuerza Nacional”.
