El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Córdoba aprobó, por unanimidad, los pedidos de jury contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes estuvieron a cargo de la investigación por el asesinato de la mujer.
Los tres fiscales que investigaron el femicidio de Nora Dalmasso enfrentarán un juicio político por su accionar durante la investigación. La decisión unanime del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Córdoba establece una nueva etapa en un caso que a 19 años del crimen todavía no está resuleto.
Los funcionarios judiciales acusados de «mal desempeño» y «negligencia grave», son Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles. Los fiscales deberán esclarecer por qué omitieron la inclusión de pruebas claves, como rastros del ADN del presunto asesino, que estaban presentes en el cuerpo de Nora y son compatibles con el último imputado, Roberto Bárzola.
El jury fue solicitado por el esposo de la víctima, Marcelo Macarrón -quien también estuvo acusado por el asesinato- acompañado de su hijo y su hija.
La Justicia nunca estableció quién mató a Nora Dalmasso, atacada en su casa ubicada en Río Cuarto, el 26 de noviembre de 2006.
Con la decisión del pleno de Jurado, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi, e integrado por Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, el juicio político pasará a la Fiscalía General.
El fiscal General, Manuel Delgado, cuenta con 30 días hábiles para formular la acusación y exponer los hechos con las posibles causales de destitución. Después, la Justicia debe abrir un período de pruebas y testimonios y finalmente el debate oral que concluirá en una sentencia de destitución o absolutoria para cada uno de los acusados.
El proceso comenzaría en marzo o abril de 2026 a raíz de que deben transcurrir cuatro meses desde la aceptación de los recursos de juicio político.
El expediente de un femicidio impune
Los fiscales cuestionados estuvieron al frente del expediente judicial que nunca llegó a una resolución clara. Durante la instrucción fue acusado por el asesinato el marido de la víctima, Marcelo Macarrón. Sin embargo, en el juicio fue absuelto, y la causa volvió a foja cero.
Di Santo es el fiscal que ordenó las detenciones del pintor Gastón Zárate, una acusación que nunca avanzó por falta de pruebas. Luego apuntó contra el hijo de la mujer asesinada, Facundo Macarrón.
Luego el caso pasó a manos de Luis Pizarro, quien sospechaba que el viudo viajó desde Punta del Este (Uruguay) para consumar el crimen.
Más tarde, Miralles también señaló a Macarrón y sostuvo la hipótesis de un un presunto crimen por encargo. Finalmente, el viudo fue imputado por contratar a un sicario para asesinar a la damnificada de 51 años, pero después resultó absuelto en un juicio por jurados populares.
El expediente está prescripto ya que el plazo de pesquisa concluyó pasados los 15 años del hecho. El último acusado fue el parquetista Roberto Bárzola, de 45 años, quien fue señalado como el único autor del crimen, tras pruebas de ADN. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ratificó su absolución por prescripción.
Ahora, Di Santo, Pizarro y Miralles deberán enfrentar un juicio político que podría culminar con su destitución. El proceso es inédito en Córdoba, por la cantidad de funcionarios acusados.
