La Arquidiócesis de Córdoba mantuvo una reunión para abordar la «alarmante crisis» que atraviesa el sector. En la plaza San Martín, en tanto, se visibilizaron las demandas.
A partir de una convocatoria de la Vicaría de los Pobres y la Pastoral de la Salud, la Arquidiócesis de Córdoba mantuvo una reunión con prestadores, instituciones y personas con discapacidad y sus familias, para abordar la «alarmante crisis» que atraviesa el sector.
Tras el encuentro, las autoridades religiosas emitieron un comunicado en el que advirtieron sobre una «profunda crisis humanitaria» y concluyeron que el desfinanciamiento constituye una forma de abandono.
«Más allá de los fríos balances económicos, el diagnóstico compartido revela una desatención que cala hondo en lo humano», indicaron desde la Arquidiócesis, en referencia a lo expuesto por los participantes en la reunión, quienes denunciaron la consolidación de una dolorosa «cultura del descarte».
Según revelaron fuentes religiosas, en la reunió las familias compartieron el enorme desgaste que sufren al verse obligadas a abandonar su rol de contención afectiva para transformarse en «guerreros» frente a un sistema que invisibiliza sus reclamos.
El informe publicado por la Arquidiócesis apunta que la «asfixia financiera» sobre el sector se traduce en prestadores que recién están percibiendo fondos correspondientes a enero e instituciones que no pueden afrontar el pago de sueldos y aguinaldos.
En ese marco, agregaron con preocupación que la Nación exige nuevos requisitos administrativos para
renovar convenios sin resolver la deuda previa, incurriendo en un flagrante incumplimiento de la Ley Nacional de Discapacidad.
Ante el escenario descripto, referentes de la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis), como Carolina Armeloni, Fernanda Castello Rojo y Verónica Antunes; junto a la Federación Converger y la médica Marité Puga, coincidieron en la exigencia hacia el Estado para que garantice la sostenibilidad de las prestaciones esenciales y evalúe con urgencia cómo sus decisiones de recortar y desfinanciar impactan en el día a día y la salud de los más vulnerables.
Adelantaron desde la Arquidiócesis que se están planificando nuevos encuentros para coordinar acciones de visibilización, «porque la dignidad de las personas no puede esperar».
«Banderazo»
Este miércoles al mediodía, en tanto, en el marco de una convocatoria federal, en la Plaza San Martín se reunieron personas con discapacidad y sus familias, prestadores de servicios e instituciones del sector para reclamarle al Gobierno Nacional el cumplimiento efectivo de la ley de «Emergencia en Discapacidad», que fuera aprobada y ratificada por el Congreso, pese al veto presidencial, y que la gestión de Javier Milei se niega sistemáticamente a aplicar.
En ese marco, Rodrigo Young, profesional de la Fundación Otium, planteó que trabajadoras y trabajadores cobran sus sueldos en cuotas hace meses, que las cuestiones edilicias no se pueden mantener y que se corre el riesgo de cerrar las puertas de muchas instituciones. «Cada día es más grave la situación», advirtió.
Por su parte, Julia Domínguez, de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, habló del «genocidio por goteo» que sufre el sector: «Nos faltan personas en esta plaza. Nos faltan compañeros discas. Nos faltan trabajadores que perdieron la vida en el trabajo. Todo esto es producto de que nuestros cuerpos dicen ‘basta’. Las condiciones condicionan. Somos conscientes de que el hecho de que falten personas acá tiene que ver con los obstáculos que puso este gobierno a los sistemas de apoyo necesarios para trabajar dignamente. No podemos aceptar más este genocidio por goteo, porque nos cuesta la vida y los afectos».
