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Amplian investigación sobre De Vido

El juez Luis Rodríguez hizo lugar al pedido de la fiscal federal Alejandra Mangano de ampliar las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra Julio De Vido, su esposa Alessandra Minnicelli y sus hijos.

Ahora investiga un período más amplio sobe los bienes del exministro de Planificación y su entorno familiar.

El magistrado libró oficios a la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), e incluso a la Unidad de Información Financiera (UIF) y se comenzó con el entrecruzamiento de datos.

En marzo de este año, la fiscalía consideró necesario “evaluar todo el período de tiempo en el que los dos acusados se desempeñaron en cargos dentro de la Administración Pública”. Esta ampliación de la imputación, incluyó por primera vez a los hijos de Julio De Vido, preso y acusado de malversación de fondos.

Así, la investigación, que originalmente se centraba en el período 2003-2007, se amplió a 2015.

Los números que se desprenden del documento oficial, arrojan “diversas inconsistencias”. El matrimonio no logra justificar un millón de pesos correspondiente al período 2003-2007. La defensa de Minnicelli argumentó que había que considerar el valor del dólar en el período observado.

El juez Rodríguez no descarta pedir específicamente que se analice dicha variable en función de los valores sospechados.

Fuera de la función pública y con un despacho en el Congreso de la Nación, el exfuncionario incorporó en 12 meses casi un millón de pesos a su patrimonio declarado. Cerró el período 2016 con bienes por $2.846.717 declarados, un 48% más que en 2015. El monto total, de todo modos, sigue llamando la atención: representa apenas 150.000 dólares.

Entre sus bienes De Vido declara un departamento, una cochera, un vehículo, cuatro plazos fijos, dos cajas de ahorro y dinero en efectivo. El crecimiento de todos sus bienes fue de $929.531 en un año.

La fiscal Mangano había considerado que para llegar a “conclusiones certeras, lo más conveniente es realizar el análisis durante todo el lapso que los imputados se desempeñaron en la Administración Pública, es decir hasta diciembre de 2015”.

 

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