Una coalición impensable solo hace dos meses, conformada por estudiantes, empresarios, obispos, campesinos y ciudadanos, incrementa desde hoy su pulseada con el presidente Daniel Ortega con la convocatoria de un paro nacional en todo el país.
“Ante las condiciones extremas que vive Nicaragua, en solidaridad con las víctimas y reconociendo el derecho a las legítimas formas de defensa, hemos decidido llamar a un paro nacional”, confirmó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro ahora de la Alianza Cívica surgida durante las protestas.
No exagera el empresario Aguerri, fiel aliado del sandinismo desde su regreso al poder en 2007 hasta el estallido de las protestas del 18 de abril. Nicaragua sobrevive hoy entre la rebelión de las calles y la represión gubernamental, que regresó al país centroamericano escenas olvidadas de su pasado, con escuadrones de la muerte que disparan sin contemplaciones y con barricadas levantadas por sus cuatro costados.
“Apoyamos el paro nacional como acto de presión y protesta social”, refrendó monseñor Silvio José Báez, uno de los principales símbolos de las protestas contra el clan de los Ortega. El obispo auxiliar de Managua parafraseó al papa Francisco para sostener que “el cambio crucial en la vida de los pueblos se realiza a través de una lucha pacífica, que emplea solamente las armas de la verdad y de la justicia”.
A quienes confrontan al líder sandinista no los convenció la propuesta presidencial de adelantar las elecciones al año que viene, deslizada a través de funcionarios estadounidenses durante el fin de semana. El clima de violencia en las calles y de feroz represión no ablandó a los convocantes, que reconocen que el país vive circunstancias excepcionales. León, la segunda ciudad del país, se adelantó al resto de Nicaragua con un paro de 24 horas, salpicado por la tensión y por la sangre.
La cifra de muertes violentas se disparó de tal forma que en 57 días sobrepasó con creces a los asesinados durante las protestas de Venezuela del año pasado.
En el país sudamericano mataron a 134 personas durante cuatro meses de rebelión popular contra Nicolás Maduro, según las investigaciones del Foro Penal.
En el país centroamericano hasta ayer se contabilizaban más de 150 fallecidos, sumando los datos aportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), más los reportes periodísticos de las últimas horas.
La propia CIDH denunció cómo la represión oficialista, hasta ahora en manos de policías, turbas paramilitares y de la Juventud Sandinista, con la participación incluso de francotiradores, amplió sus prácticas, en las que incluyen secuestros e incendios de medios de comunicación. También están investigando el uso de pesticidas contra la población.
“Parece que hay una nueva frontera de la represión instalada en el país”, denunció Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
