Al menos ocho muertos, incluido un niño de 15 meses, dejaron los ataques simultáneos de fuerzas combinadas del gobierno de Daniel Ortega en barrios de Managua y en la principal universidad de Nicaragua.
Así lo afirmó Georgina Ruiz, activista de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que contabiliza unas 200 muertes en poco más de dos meses de protestas contra Ortega.
Desde la medianoche, fuerzas de policías, parapolicías y paramilitares incursionaron fuertemente armados en al menos seis barrios del oriente capitalino y en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en el suroeste, donde decenas de estudiantes se mantienen atrincherados.
Dos jóvenes murieron en la zona universitaria, en tanto que otros 15 resultaron heridos, según el CENIDH. Los otros fallecimientos ocurrieron en los barrios.
El niño murió cuando su madre lo llevaba a un lugar donde se lo cuidaban, en momentos en que las fuerzas combinadas entraron a un barrio en el sector este de la capital para desmontar barricadas, según contaron los familiares a la prensa.
“Fue un balazo de parte de la policía. Yo los vi, fueron policías, nadie me lo dijo”, declaró la madre del niño, Kenia Navarrete.
Desde el gobierno aseguraron que quienes le dispararon al menor fueron “delincuentes que se encuentran operando en el sector de la Universidad Politécnica (Upoli)”.
“Esto es indescriptible. Nosotros demandamos que cese la represión. El presidente Daniel Ortega tiene la posibilidad en sus manos de parar esto; en primer lugar ordenando el cese de la represión y en segundo lugar renunciando al cargo, porque la gente no se va a rendir”, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH, independiente).
“Reiteramos nuestro llamado al cese inmediato de toda forma de violencia y represión, el pueblo nicaragüense merece una oportunidad para la paz”, escribió en Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras condenar la muerte del niño y de los dos jóvenes en la UNAN.
Antecedentes
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar, junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un gobierno autocrático y corrupto.
La Iglesia insiste en elecciones anticipadas
El Episcopado de Nicaragua pidió este sábado al presidente Daniel Ortega que acepte formalmente la propuesta de adelantar para marzo de 2019 las elecciones generales, a fin de facilitar el diálogo nacional que está en suspenso y que busca una salida a la crisis que deja al menos 212 muertos en dos meses.
La Conferencia Episcopal, mediadora del diálogo nacional, solicitó a Ortega que le “comunique oficial y formalmente su aceptación de la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el jueves 7 de junio, sobre las elecciones generales anticipadas, para marzo de 2019”.
Ortega mostró el pasado 13 de junio, en su respuesta a lo planteado por los obispos el día 7, su “disposición de escuchar una propuesta”, y dijo que lo haría “dentro del marco constitucional, de las leyes que rigen el país”, mismas que establecen que las elecciones presidenciales deben darse cada cinco años, es decir, en 2021.
El Episcopado emitió la carta en la que pide a Ortega que acepte formalmente el adelanto de las elecciones un día después de que los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a excepción de Venezuela, respaldaron un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala la responsabilidad del Gobierno nicaragüense en la muerte de al menos 212 personas, 1.337 heridos y 507 personas privados de la libertad.
El diálogo nacional en el que media la Iglesia fue instalado a mediados de mayo pasado, se suspendió un par de semanas y se retomó el lunes pasado, pero debido al incumplimientos de acuerdos pactados con el Gobierno se volvió a paralizar.
La Conferencia Episcopal anunció el jueves pasado que esperaría la presentación del informe de la CIDH en Washington para reanudar el diálogo que protagonizan el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesta por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos.
