La justicia chilena comenzó a abrir una de las páginas más oscuras de la dictadura de Augusto Pinochet: la adopción irregular de miles de niños que fueron enviados al extranjero. Hoy, sus madres los buscan ayudadas por las redes sociales.
El juez especial de causas de Derechos Humanos Mario Carroza realiza desde enero una extensa investigación sobre sustracción de menores centrada en los años de la dictadura, aunque, ante nuevas denuncias, ya se amplió hasta 2000.
Si bien se ha descartado el secuestro de niños como método represivo -como sucedió en la Argentina- se cree que las condiciones de esa época facilitaron el actuar de grupos dedicados a «captar» niños para enviarlos al extranjero con fines económicos.
La modalidad se asemeja a la registrada en España, donde acaba de abrirse el primer juicio por un caso de bebés robados a sus madres para ser entregados a familias adoptivas, en una práctica que comenzó bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
«No hemos establecido algún patrón que diga [que hay] relación con alguna política estatal de represión, pareciera ser más bien una especie de asociación ilícita, una organización lucrativa respecto de la adopción de personas de manera irregular», explica el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos Pablo Rivera, que ha presentado denuncias en nombre de las madres.
Un rol protagónico lo jugaron asistentes sociales, religiosos, médicos o funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables y luego sustraían a los niños o lograban bajo engaños que fueran dados en adopción.
«En general los casos tienen relación con madres de escasos recursos que dieron a luz a sus hijos o hijas y luego fueron engañadas por funcionarios de los hospitales respecto a que estaban muertos o enfermos o murieron con posterioridad y nunca más supieron de sus ellos», agrega Rivera.
La vigencia hasta 1988 de una ley que permitía borrar los orígenes de las familias biológicas contribuyó a fomentar la práctica en un país sumido en esos años en el silencio y el temor, según explica la historiadora de la Universidad Austral Karen Alfaro.
Para Alfaro, la práctica se «inscribe también dentro de una lucha ideológica de la dictadura de Pinochet, un tipo de violencia social sobre los sectores más pobres».
No hay registros de la cantidad de niños enviados al extranjero. Según datos oficiales, entre 1973 y 1987 se registraron 26.611 adopciones en Chile, pero no se sabe cuántos fueron llevados al exterior.
El juez Carroza ha logrado determinar que al menos 2021 fueron adoptados en Suecia entre 1971 y 1992. Otros miles llegaron a Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Perú. El valor pagado por cada niño equivalía a entre 3.000 y 5.000 dólares de hoy.
