El juez federal Claudio Bonadio citó a declarar al exsenador cordobés y empresario Roberto Urquía, en un tramo de la denominada causa de los cuadernos de la corrupción que investiga el presunto pago de sobornos en concesiones ferroviarias entre 2003 y 2009.
Además, una fiscal imputó a Romina Picolotti, exsecretaria de Ambiente y Recursos Naturales en otra parte del caso por el presunto pago de coimas en licitaciones, agregaron.
Urquía, quien será indagado al reinicio de la actividad judicial en febrero, es uno de los dueños de Aceitera General Deheza y fue senador por el Frente para la Victoria por Córdoba, donde junto a otros empresarios tuvo la concesión para explotar servicios ferroviarios que comunican a esa provincia con otros puntos del país.
También, en febrero ampliará su declaración indagatoria el empresario Gabriel Romero, aceptado como imputado colaborador, quien detalló a los fiscales Carlos Rivolo y Carlos Stornelli el mecanismo con el que él participó en el pago de sobornos al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.
En una causa penal derivada de la investigación por los cuadernos de la corrupción, la fiscal federal Paloma Ochoa dictaminó a favor de impulsar una investigación a la exsecretaria de Ambiente del kirchnerismo, Romina Picolotti y a otros sospechosos por supuestos pagos de sobornos reclamados para adjudicar licitaciones en el marco de las obras de saneamiento del Riachuelo. Esta causa se abrió al ser enviado el hecho a sorteo por Bonadio y quedó a cargo de la jueza María Servini.
Picolotti, quien fue secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008, durante las presidencias de Néstor Kirchner y de su viuda y actual senadora Cristina Fernández, será investigada junto a otro exfuncionario de la que fue su cartera, Mario Ferdkin y su hermano, Juan Miguel Picolotti, entre otros.
En la causa en la que Cristina Fernández ya está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita, el juez tiene que definir por estos días si acepta como nueva arrepentida a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Kirchner.
Bonadio no resolvió aún las situaciones procesales de otros indagados en la parte del caso que investiga si unos 70 millones de dólares presuntamente lavados por Muñoz mediante la compra de propiedades en Estados Unidos luego vendidas, eran en realidad del matrimonio Kirchner y ellos actuaron como testaferros.
Se trata de los detenidos Isidro Bounine, quien fuera secretario privado de Cristina Fernández durante su presidencia, de Juan Manuel Campillo, quien fue ministro de Economía de Santa Cruz en la gobernación de Kirchner, y de Carlos Gellert, primo de la viuda de Muñoz, los dos últimos aceptados como «arrepentidos«.
