En una movida atípica, el Ministro de Justicia, Julián López, solicito la intervención de la autoridad laboral, que se propone como facilitador del diálogo entre las partes. La reunión podría ser mañana jueves.
Tras semanas de protesta y dos paros sucesivos de 60 horas en los tribunales de la ciudad de Córdoba –en el interior, el segundo paro fue de 72 horas–, el conflicto gremial de los empleados del Poder Judicial de la Provincia podría pasar a una nueva etapa. Será así si la Asociación Gremial acepta la convocatoria de la Secretaría de Trabajo de la Provincia para una audiencia de conciliación a la que también fueron convocadas las autoridades del Poder Judicial.
A través de una comunicación en redes sociales, la Secretaría de Trabajo informó que la intervención se realiza a solicitud del ministro de Justicia de la Provincia, Julián López. El objetivo de la reunión sería que las partes puedan «avanzar en un proceso de diálogo constructivo que permita normalizar el servicio de Justicia, afectado por estos días a raíz del conflicto que los involucra».
Hasta el momento, y como siempre ocurre, la discusión salarial se realizaba entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presidido en la actualidad por el vocal Domingo Sesin, y la AGEPJ que lidera Federico Cortelletti. El frente gremial, a su vez, está agitado por cuestionamientos de sectores autoconvocados.
El eje del conflicto es salarial. El gremio sostiene que los sueldos perdieron poder adquisitivo y reclama el cumplimiento efectivo del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2025. El impacto de la ley de Equidad Jubilatoria (Ley 11.087) contribuyó a esa pérdida de ingresos, ya que generó un aumento de aportes previsionales, por lo que los empleados –al igual que los magistrados y funcionarios judiciales – exigen su derogación.
El gremio reclama que el TSJ adelante cuotas pendientes de la equiparación y habilite mecanismos de recomposición salarial. Se suman reclamos de ascensos, pases a planta, mejoras edilicias, licencias por cuidado y regulación del trabajo híbrido.
El frente de los magistrados
El conflicto judicial tiene otro frente, que todavía no tuvo respuestas. Se trata del reclamo de magistrados y funcionarios judiciales que masivamente presentaron recursos administrativos ante el TSJ por la supuesta violación de la ley de Equiparación con la Justicia Federal.
Ese reclamo fue presentado por cerca de 850 de los 2.800 jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba que en lugar de estar recibiendo el 90% del salario de sus pares federales, en la actualidad están cobrando el 77% de esa referencia.
Ese conflicto también se deriva en buena medida de la aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria que aprobó en diciembre pasado la Legislatura de Córdoba. La norma sube hasta los 8 puntos porcentuales los aportes personales extraordinarios que pagan quienes cobran los sueldos más altos de la administración provincial, entre ellos los magistrados.
En el otro extremo, la ley supuso incrementos para los 53 mil jubilados con menores ingresos y para 10 mil pasivos que dejaron de tener descuentos por doble haber.
