Después de duros cruces de acusaciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes el mandatario acusó de tener sueldos “ofensivos“, los magistrados accedieron el martes a reducir su salario un 25%.
Sin embargo, el alto tribunal aceptó a trámite un recurso que plantea la inconstitucionalidad de la nueva ley de sueldos de los servidores públicos.
Según indicó la Corte en un comunicado, la decisión de la SCJN tuvo lugar el martes “en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión” y como medida de “racionalidad del gasto público” que se ajusta a la “nueva política de austeridad” impulsada por el alto tribunal.
El presidente mexicano había afirmado en varias ocasiones que los magistrados de la Corte llegan a reunir hasta 600.000 pesos (casi 30.000 dólares) mensuales.
“Eso es ofensivo. Eso no tiene que ver ni con el cambio que se necesita, y que está demandando la gente, ni con la justicia”, señaló.
La Corte no ha hecho público hasta ahora el salario final total y neto de sus magistrados pero ha negado que la cantidad enunciada por el mandatario sea correcta.
Reducir los salarios de los funcionarios públicos ha sido un punto básico del plan de austeridad de López Obrador para que el gobierno tenga los fondos que necesita para cumplir otros objetivos, como la lucha contra la corrupción, y el presidente predicó con el ejemplo al reducirse su propia paga en más del 50% para recibir 108.000 pesos (5.300 dólares) mensuales.
El Congreso mexicano aprobó en noviembre que, con pocas excepciones, ningún servidor público debe ganar más que el presidente. El partido Morena, al que pertenece López Obrador, tiene la mayoría en ambas cámaras del legislativo.
Sin embargo, varias entidades y particulares mostraron su inconformidad con la nueva ley que regula los sueldos de los servidores públicos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Suprema Corte revisar la ley y el Banco de México, aunque la acató, presentó una controversia constitucional en defensa de su independencia a la hora de establecer los salarios de sus trabajadores.
