El gobierno español aprobó este viernes en Barcelona un aumento del salario mínimo y otro para los empleados públicos más un plan de inversiones para Cataluña, en medio de protestas callejeras de los independentistas y críticas de políticos conservadores.
Para los manifestantes, que protagonizaron choques con la policía, la reunión del consejo de ministros resultó una “provocación“.
La vocera del gobierno Isabel Celaá dijo que el sueldo mínimo se sube a 900 euros. Además, un decreto ley de medidas urgentes plantea retribuciones para 2,5 millones de empleados del sector público estatal, autonómico y local, agregó la ministra de Política Territorial Meritxell Batet.
“Se trata de una subida fija del 2,25% que cobrarán todos los empleados públicos”, explicó.
También se anunciaron medidas simbólicas para poner paños fríos a las averiadas relaciones con la comunidad autónoma más próspera de España.
Entre ellas, la nulidad de los juicios al político independentista catalán Lluis Companys, fusilado por el franquismo en 1934, y el cambio en el aeropuerto El Prat de Barcelona, que ahora llevará el nombre de Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1954 y 1980, 20 años desde el exilio.
Otra novedad resultó la partida de más de 100 millones de euros para mejorar las rutas de Cataluña.
Desbordes
Caminos cortados e incidentes entre manifestantes y policía se generaron este viernes en la Barcelona tensionada por la reunión del gobierno español.
Con lemas como “Desbordémoslos” o “Seremos ingobernables”, distintos grupos convocaron acciones para bloquear la ciudad e incluso tratar de impedir el mítin con el que el presidente Pedro Sánchez quiso mostrar su cercanía con Cataluña.
Desde el amanecer, los activistas de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR, grupos de acción directa) cortaron una decena de rutas en Cataluña, entre ellas importantes autopistas como la AP7 y la A2, que comunican la región con Francia y Madrid.
También cortaron importantes vías de acceso y algunas arterias neurálgicas en la ciudad, según el servicio regional de tráfico.
Más tarde, la policía cargó junto a la parte baja de la Rambla contra algunos manifestantes, quienes respondieron lanzando vallas. En otra avenida cercana hubo un primer detenido, que llevaba material susceptible de “ser utilizado para hacer un artefacto incendiario o explosivo”, indicó la policía catalana conocida como los Mossos d’Esquadra.
El excepcional consejo de ministros comenzó el viernes por la mañana en el palacio de la Llotja de Mar, el antiguo lugar de encuentro de los mercaderes de Barcelona, cerca del litoral mediterráneo.
Estaba custodiado por un fuerte dispositivo policial, dotado de varias barreras a cientos de metros del edificio para mantener alejados a los manifestantes.
Los incidentes y el consejo de ministros llegaron tras la reunión el jueves en Barcelona entre Sánchez y el presidente catalán Quim Torra, quien no ceja en su ambición de alumbrar algún día una República catalana independiente de España.
Sánchez buscaba desactivar la tensión de las últimas semanas con este encuentro, que culminó con un comunicado conjunto donde ambos gobiernos se comprometieron a “un diálogo efectivo” para “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”.
“Nos corresponde a todos abrir una nueva etapa“, añadió Sánchez en una cena empresarial donde volvió a coincidir con Torra.
El encuentro fue enérgicamente cuestionado por la oposición conservadora. Pablo Casado, líder del Partido Popular, criticó que Sánchez brindara al separatista Torra un trato “prácticamente de jefe de Estado”, y aseguró haber sentido “vergüenza ajena”.
Los ánimos en la calle también se volvían contra el ejecutivo independentista catalán por ese diálogo que, según se anunció, continuará en enero con otra reunión.
