La expresidente Cristina Kirchner rechazó la acusación del empresario Gabriel Romero sobre el presunto pago de 600 mil dólares por un decreto. Y criticó el «evidente manejo extorsivo de la figura del ´arrepentido´ llevado a cabo por (el juez Claudio) Bonadio y (el fiscal Carlos) Stornelli».
«Mi intervención como Presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación», afirmó.
