Mariia Butina, de 29 años, fue detenida este lunes en Washington acusada de reunir información sobre funcionarios estadounidenses y organizaciones políticas, y de trabajar para establecer líneas de comunicación secretas para el Kremlin.
El anuncio del arresto se produjo horas después de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin en Helsinki, y a unos días de que el fiscal especial Robert Mueller acusara a 12 funcionarios de inteligencia rusos de dirigir una vasta ciberoperación para influir en las elecciones presidenciales de 2016.
Butina fue presentada ante la justicia, donde se le presentaron cargos por “conspiración para actuar como agente para Rusia” con el objetivo de “infiltrarse en organizaciones con influencia en la política”.
Según el relato de la acusación, Butina se encontraba en el país con una visa de estudiante, pero realmente trabajaba para un alto funcionario del Kremlin sin haberlo notificado correctamente, lo que constituiría un delito de conspiración que puede conllevar una condena de hasta cinco años de prisión.
Según el Departamento de Justicia, Butina tiene relaciones estrechas con un “funcionario ruso”, que no fue identificado en los documentos relativos al arresto, aunque los medios locales apuntan que se trata de un político llamado Alexander Torshin.
Butina, fundadora de un grupo ruso de defensa de las armas, había establecido lazos con personas, políticos y organizaciones estadounidenses en el país, entre ellas la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA), el principal grupo de presión de los derechos de posesión de armas y uno de los más importantes en la política del Partido Republicano, según documentos judiciales.
En octubre de 2016 y enero de 2017, los servicios de espionaje publicaron informes en los que apuntaban que Putin había ordenado influir en las elecciones mediante ciberataques porque sentía una “clara” preferencia por Trump, quien resultó elegido frente a la demócrata Clinton. Algo que el propio Putin y Trump desmintieron tajantemente en Helsinki.
En este contexto, el FBI comenzó su propia investigación, que en mayo de 2017 acabó en manos del fiscal especial, Robert Mueller.
