Los funcionarios judiciales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles están acusados de mal desempeño y negligencia en la investigación por el asesinato de Nora Dalmasso. Este martes comienza el proceso en la Legislatura.
«El asesino, y ya sabemos quién es, estamos totalmente convencidos como familia, está suelto», manifestó Facundo Macarrón, el hijo de Nora Dalmasso, previo al inicio del jury de enjuiciamiento contra los tres fiscales que investigaron la causa.
Los funcionarios judiciales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles están acusados de mal desempeño y negligencia. El proceso comenzará este martes en la Legislatura, donde los fiscales deberán afrontar los cuestionamientos sobre su desempeño en un caso que aún no tiene resolución. La mujer fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, en su casa de Villa Golf.
Cómo es el jury de enjuiciamiento
La jornada comenzará con las declaraciones de Facundo y Valentina, hijos de la víctima, y Marcelo Macarrón, viudo, quien estuvo procesado y en 2022 fue sobreseído en el juicio. Se espera que 37 testigos presten declaración ante el tribunal las últimas semanas de abril.
El tribunal encargado de dictar el veredicto está integrado por su presidenta -y vicepresidenta de la Unicameral- Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Aída Tarditti.
Tras la etapa testimonial, se fijará la fecha para los alegatos de la acusación y las defensas.
Según el marco legal vigente, el fallo final deberá dictarse antes del 28 de mayo, cumpliendo con el plazo máximo de 60 días hábiles posteriores a la formulación de la acusación.
La familia de Dalmasso reclama
Pasaron 20 años y la Justicia no pudo determinar quién abusó y mató a Nora Dalmasso. Si bien el crimen ocurrió cuando aún no estaba incorporado el término de femicidio al Código Penal, sin embargo, el tipo de agresión deja entrever que se trató de un delito en contexto de violencia de género. Durante dos décadas la causa pasó por tres fiscales, quienes presentaron diversas hipótesis sin llegar a un resultado certero.
Según la familia de la víctima algunas pruebas esenciales no fueron incorporadas a la investigación: «Tuvieron un ADN desde el 2010 y nunca lo cotejaron con quien lo tenían que cotejar. Fue mucho más que ineptitud, fue cobardía para plantarse frente a la presión y hacer las cosas bien», manifestó a Cadena 3.
