Ricardo Muñoz (h), fiscal municipal, confirmó que el joven Ignacio Martín, acusado por ejercicio ilegal de la medicina, realizó cuatro facturas por un total de $80.000. Fueron por servicios de guardia médica prestados entre noviembre y diciembre.
Muñoz afirmó que, como querellante, la Municipalidad ya está aportando documentación para sumar como prueba en la investigación penal que lleva adelante el fiscal Daniel Miralles. Y esta mañana ya fue citado como testigo el secretario municipal de Salud, Marcelo Ferrario.
El fiscal explicó que desde el Municipio se presentaron en tres oportunidades para «ayudar a dilucidar cuál es la conducta que ha tenido esta persona, para facilitar la investigación penal». El funcionario dijo que ante una eventual condena, esperan que «recaiga en él toda la fuerza de la ley».
Entre el material probatorio suministrado por las autoridades municipales hay copias de DNI, de un carné falso, información de AFIP, planillas de asistencia, y documentación de cuáles eran las funciones y organización del Centro de Operaciones Técnica (COT), que dependía del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
«La Municipalidad de Río Cuarto se siente perjudicada por el comportamiento que ha realizado esta persona, que puso en riesgo o pudo poner en riesgo toda una serie de acciones de salud para mitigar los efectos de la pandemia», manifestó Muñoz. El funcionario consideró que se ha ejercido un perjuicio tanto para el Municipio como para toda la salud pública y que incluso pueden surgir perjuicios individuales.
Muñoz argumentó que el vínculo del Municipio con Martín se dio en un marco excepcional, en el cual podían hacer contrataciones de manera directa por una situación de emergencia. Asimismo, aseguró que siempre son requeridos los títulos de profesionales contratados, pero que en este caso toda la documentación presentada estaba adulterada.
Comunicación a las autoridades
Ante los cuestionamientos surgidos por el tiempo que transcurrió hasta que la situación se hizo pública, Muñoz declaró que en su momento se lo comunicó a los organismos que correspondían: el Consejo de Médicos de la Provincia y el Ministerio de Salud. «Son las autoridades responsables para resolver en este aspecto y en definitiva ellos hicieron la denuncia penal», sostuvo.
«Frente a una denuncia penal, la municipalidad no iba a entorpecer una investigación que estaba en curso», agregó el funcionario.
«La Municipalidad ha hecho público toda la situación, lo que no puede hacer una municipalidad es tomar una medida que puede obstaculizar una investigación penal», concluyó el fiscal municipal.
