Reino Unido continúa con sus políticas para detener la llegada de migrantes. Esta vez, el gobierno inglés considera colocar pulseras electrónicas a las personas que entren sin documentos al país y que no pueden ser alojados de manera temporal, para evitar su huida.
Suella Braverman, la ministra británica de Interior respondió a la BBC una pregunta en este sentido, donde le consultaban sobre los planes del gobierno para otorgar un dispositivo electrónico para las personas que escapan de sus países de origen por fuertes crisis humanitarias. La funcionaria contestó que desde el Ejecutivo «se están valorando todas las opciones» para poder «ejercer algún control» sobre los solicitantes de asilo que arriban a la nación inglesa de manera irregular a través del canal de la Mancha en botes pequeños.
Suella Braverman. Foto: Twitter @DailyMirror.
Braverman se refirió además a la reciente implementación de la nueva legislación «de referencia», la denominada Ley de Migración Ilegal, lo que les da «poder para detener a quienes lleguen aquí de manera ilegal y llevarlos con prontitud a un país seguro como Ruanda». Por esa legislación, el Ejecutivo debe arrestar a todas las personas que entren al país irregularmente y echarlas a Ruanda -con quien tiene un acuerdo- o a otro tercer país «seguro». «Por supuesto, necesitaremos aumentar parte de nuestra capacidad de detención», dijo Braverman.
Críticas a la política migratoria de Reino Unido por parte del TEDH
La política de envío de migrantes a Ruanda fue criticado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) quien la calificó de ilegal. Respecto de esta opinión de la entidad europea, Braverman comentó que el tribunal con sede en Estrasburgo estaba «politizado» y era «intervencionista». «Nadie está hablando de abandonar el TEDH en este momento. Estamos trabajando para cumplir nuestro plan», afirmó.
«Por supuesto, necesitaremos aumentar parte de nuestra capacidad de detención», dijo Braverman.
Hoy en día, la migración ilegal al Reino Unido está alcanzando niveles récord. Para junio, más de 175.000 personas esperaban una decisión sobre si se les concedería el estatus de refugiado, un 44% más que el 2022.
