El fiscal Tomás Casas ordenó el allanamiento en busca de documentación y soportes digitales que permitan esclarecer el proceso de compra de drones que fue frenado por el Frente Cívico. «Esto es un apriete», dijo Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas.
Tras la pelea por la compra de drones, la tensión entre el Gobierno de Córdoba y el Tribunal de Cuentas de la Provincia, se intensificó este miércoles, luego que la Justicia Federal, a través del fiscal Tomás Casas, ordenara el allanamiento de las oficinas del organismo de control en busca de documentación y soportes digitales que permitan esclarecer el proceso de compra de drones destinados a la seguridad ciudadana y frenado por el Frente Cívico.
El operativo responde directamente a la denuncia penal presentada el viernes pasado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El funcionario sostiene que existieron irregularidades y presuntas maniobras obstructivas en el visado de los expedientes para la adquisición de tecnología de vigilancia.
Según argumentó Quinteros, la denuncia apunta a establecer si la resolución que impidió concretar la licitación que implicaba una inversión cercana a 7 millones de dólares se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad.
Según la acusación del Ejecutivo, el accionar de los tribunos habría excedido las facultades de control, convirtiéndose en un obstáculo para la ejecución de políticas públicas de emergencia.
«Esto es un apriete, una avasallamiento pero nosotros vamos a seguir actuando», dijo Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas, según publicó Cba24n. Además, señaló que “es la primera vez en la historia que el Tribunal de Cuentas sufre esto”.
