La Oficina Anticorrupción (OA) intimó al secretario de Modernización, Eduardo Martelli, a que «haga las aclaraciones patrimoniales que estime pertinentes», luego de que una nueva publicación de los Panama Papers revelara que figuró como apoderado y accionista de una sociedad panameña, dueña de propiedades en Punta del Este. El funcionario no lo había informado en su declaración jurada.
El organismo que conduce Laura Alonso abrió una actuación administrativa sobre Martelli, que tiene un plazo de diez días hábiles para responder. Una vez que reciba la respuesta del funcionario,«se analizará y decidirá si se profundiza el análisis», informaron fuentes dela OA.
El segundo del Ministerio de Modernización, hombre de confianza del ministro Andrés Ibarra y muy cercano al presidente Mauricio Macri, aparece en un certificado de Cristina Finances SA emitido el 6 de mayo de 2016, como titular del 100% de la acciones.
Hasta ese momento, eran al portador por lo cual su verdadero dueño permanecía en el anonimato. Para entonces, hacía ya cuatro meses que Martelli se desempeñaba en el Ejecutivo nacional, luego de acompañar a Macri durante sus dos mandatos como jefe de Gobierno en la Ciudad.
La información se desprende de los nuevos documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, compartidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con más de 100 periodistas miembros en todo el mundo.
Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Martelli explicó que se trata de «una sociedad familiar de hace 45 años», que recibió junto a sus dos hermanas «como herencia» cuando falleció su madre en 2002, y que solo figuró como accionista «por un día».
Lo justificó por «un error administrativo» del estudio uruguayo Damiani que actuó como intermediario, y que al otro día «le cedió» la totalidad de las acciones a su hermana Andrea.
El secretario de Modernización sostuvo que «en el reparto de bienes, Cristina Finances y la casa en Punta del Este que está a su nombre, quedaron para Andrea (Martelli), porque ella vive en Uruguay».
Aportó una copia en blanco y negro de un certificado accionario con fecha del día siguiente, 7 de mayo del 2016, en la que titular de las acciones es su hermana. El documento está firmado por un panameño designado por Mossack Fonseca como presidente de la sociedad, que según los registros asumió en ese cargo recién seis meses después.
Este hecho, sumado a que el 7 de mayo fue sábado – y el Registro Comercial de Panamá solo abre de lunes a viernes-, hace presumir que el documento pudo haber sido antedatado, algo que es ilegal según las normas del país caribeño.
Plazo para responder
Martelli debe contestar la intimación de la Oficina Anticorrupción dentro de los diez días. Si no responde dentro de ese plazo, se reitera el pedido. «Ante una respuesta no satisfactoria o la falta de respuesta al segundo requerimiento -lo que constituye un indicio-, se inicia una investigación preliminar», informaron desde la OA.
El organismo también puede solicitar la intervención de la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF), así como la apertura del Anexo reservado de su declaración jurada 2016, previa autorización del ministro de Justicia, Germán Garavano.
En el Anexo podría, por ejemplo, figurar si cumplió el rol de director de esa sociedad, ya que los funcionarios están obligados a informar sus antecedentes laborales hasta tres años antes de asumir, para prevenir un posible conflicto de interés.
Según la parte pública de sus declaraciones juradas -que pueden consultarse en internet- Martelli declaró para fines de 2016 un patrimonio de casi $ 6 millones, 5,4% más respecto del año anterior. Pero no informó ninguna sociedad, bien o cuenta en el exterior.
