El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó ante la Corte Suprema que «no hay posibilidad de implementar un plan de deportación a un tercer país sin acuerdo. Por lo tanto, el 17 de abril de 2018, (el Estado) dejó de celebrar audiencias como parte de su política de deportación, y no se tomarán más decisiones de deportación en este momento».
Esta decisión significa que las órdenes de deportación que ya habían sido emitidas fueron canceladas y que los inmigrantes a los que les caduque su permiso de residencia temporal podrán obtener una renovación cada dos meses «de acuerdo a la política vigente antes de la implementación del plan».
Simultáneamente, Netanyahu ordenó reabrir el centro de detención de inmigrantes que había tenido que cerrar por orden de la Corte Suprema.
El tribunal le había dado un plazo al gobierno para mantener detenidos a miles de inmigrantes y demandantes de asilo africanos y cuando éste venció, el centro de detención fue cerrado.
Cifras
A principio de año, Netanyahu había anunciado un plan para deportar a 32.000 de los 38.000 inmigrantes africanos, en su mayoría eritreos y sudaneses, que viven en el país. Los 6.000 exceptuados eran menores inmigrantes y padres con niños a cargo.
