El derechista Iván Duque juró como nuevo presidente de Colombia, y lo hizo con la oposición en la calle.
Previo al acto hubo manifestaciones para reclamarle que cumpla con el compromiso de paz asumido con la guerrilla de las FARC.
De la ceremonia participaron numerosos mandatarios regionales, entre ellos Mauricio Macri, Sebastián Piñera (Chile), Evo Morales (Bolivia), Lenín Moreno (Ecuador), Juan Orlando Hernández (Honduras), Enrique Peña Nieto (México), Juan Carlos Varela (Panamá), Carlos Alvarado (Costa Rica) y Jimmy Morales (Guatemala).
España estuvo representada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ya que el rey Juan Carlos no pudo viajar por recomendación médica. Asistieron además el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno, Felipe González.
Abogado de 42 años y delfín del influyente exmandatario y senador Álvaro Uribe -investigado por la Corte Suprema-, Duque asume el poder tras vencer a la izquierda en el ballotage del 17 de junio pasado.
Previo a la ceremonia, las fuerzas de oposición se movilizaron en varios puntos del país para exigirle que proteja a los líderes sociales tras el asesinato de 331 de ellos desde 2016, y respete los compromisos con las FARC.
Duque, que tendrá como vice a la conservadora Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en ocupar el cargo, sucede a Juan Manuel Santos, con quien inició su vida pública pero del que se apartó luego hasta convertirse, de la mano de Uribe, en duro adversario.
Aunque contará con mayoría en el Congreso, el exsenador enfrenta a una fortalecida oposición de izquierda y de centro, que alcanzó su mayor representación en las legislativas de marzo.
Con flores, vestidos de blanco y banderas de Colombia, centenares de opositores se manifestaban a favor de la paz y la vida en al menos 36 ciudades y municipios.
“Le estamos expresando al nuevo gobierno, todas las fuerzas de oposición (…), que aquí hay un pueblo que no resiste más la violación al derecho a la vida, que necesitamos que se implemente correctamente el acuerdo” de paz, declaró el exlíder rebelde y legislador Marco Calarcá.
Cuarta economía de América Latina, Colombia afronta una delicada fase de implementación de los acuerdos que firmó con las FARC -la poderosa guerrilla convertida en partido-, al tiempo que afronta varios focos de violencia financiada por el narcotráfico. Los narcocultivos treparon hasta 209.000 hectáreas en 2017, su máximo histórico.
Con el regreso del uribismo al poder, Colombia fortalece el bloque de derecha en la región tras los triunfos en Argentina, Chile y Perú, y con la expectativa de que se sume Brasil en los comicios de octubre.
De entrada, Duque deberá darle forma a su promesa de modificar, “sin hacer trizas”, el pacto que le valió el premio de Nobel de Paz a Santos y que condujo al desarme de unos 7.000 guerrilleros.
Duque y su partido Centro Democrático pretenden impedir que los antiguos jefes rebeldes acusados de delitos atroces sigan ocupando las diez bancas que les reservó el pacto firmado con Santos a finales de 2016.
“Debemos trabajar por una Colombia en paz que proteja a la base guerrillera que se ha desmovilizado”, afirmó Duque en un intento por apaciguar las críticas entre los defensores de los acuerdos.
El convenio con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) todavía tiene pendiente por desarrollar su capítulo más sensible: el de la justicia pactada por las partes para las cientos de miles de víctimas que dejó más de medio siglo de conflicto.
Además quedan por adoptar reformas rurales que, en teoría, evitarán nuevos ciclos de violencia. Pero este no es el único tema de paz en remojo.
Con unos 1.500 combatientes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -el último grupo rebelde reconocido oficialmente en Colombia- quiere retomar con Duque las negociaciones de paz que dejó sin concretar con Santos, pero el mandatario electo anticipó que impondrá nuevas y duras condiciones que nublan el panorama.
El menú de retos para Duque lo complementan los líos judiciales de Uribe -quien deberá rendir indagatoria por soborno y fraude procesal, lo que complica su liderazgo en el Senado- y la explosiva situación en Venezuela y su coletazo migratorio.
Bajo la administración de Santos, Bogotá prácticamente congeló todas sus relaciones con Caracas y pasó a liderar la campaña internacional que condena la “dictadura de Maduro” y pide un cambio pacífico de régimen.
Quizá este sea el único punto en que coinciden los gobiernos saliente y electo. Duque quiere llevar un paso más adelante la presión sobre Maduro en busca de “elecciones libres”, a través una estrategia coordinada con otros gobiernos.
