La legislatura de Córdoba aprobó en la última sesión del año uno de los proyectos más polémicos de todo el ejercicio 2021: la regularización de los juegos y apuestas online en la provincia.
La propuesta como autores a los legisladores Orlando Arduh, Silvia Paleo, Dario Capitani, Raúl Recalde y Alberto Ambrosio, todos integrantes de Juntos por el Cambio, y se aprobará al finalizar la sesión con los votos de Hacemos por Córdoba.
La presentación generó un fuerte rechazo de todo el arco opositor y una buena parte de los actores sociales y políticos de Córdoba. La propia Pastoral Social emitió fuertes comunicados en contra del proyecto que permitirá la “explotación” del juego online “podrá ser efectuada por personas humanas o jurídicas, entidades públicas o privadas, con domicilio constituido en la provincia de Córdoba”.
La escalada de declaraciones tomó tal calibre en las últimas horas que, incluso, tuvo consecuencias internas en el principal espacio opositor cordobés. El radicalismo y el Frente Cívico pidieron que el proyecto sea retirado, en tanto que el PRO (cuyos representantes avalaron la iniciativa con sus firmas) pidió “un mayor debate con todos los actores sociales involucrados”.
Orlando Arduh, por su parte, fue desafiliado de la UCR temporalmente luego de una decisión del Tribunal de Conducta del partido que basó su decisión en ” haberse negado a retirar el proyecto que presento para legalizar el juego clandestino online y que mañana será tratado en la legislatura de Córdoba”. Además, lo citó para presentarse al tribunal partidario el próximo 4 de febrero, a fin de resolver su situación.
Algunos puntos claves
El proyecto aprobado este miércoles tiene por objeto regular el juego online a través, entre otras acciones, de la creación de un Registro de Licencias de Juego en Línea, así como “colaborar con el Estado en la detección y erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del fraude y la criminalidad”.
La iniciativa establece además que solo podrán acceder a la licencia para la realización de estas actividades personas humanas o jurídicas con domicilio en la provincia. Las licencias se otorgarán a través de licitación pública.
Además, como actividades comprendidas en su ámbito de aplicación, menciona a los “juegos de casino -de mesa y máquinas electrónicas de juegos de azar automatizadas-”, “las apuestas deportivas”, así como “loterías” y aquellas otras “que se definan por vía reglamentaria”, en las que “se arriesguen cantidades de dinero sobre resultados futuros e inciertos, con independencia que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sea exclusivamente de suerte o azar”.
Asimismo establece prohibiciones subjetivas de acceso para menores de edad, personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y accionistas o propietarios de licencias de juego, entre otros.
También se crea un registro de jugadores, donde se certifique la identidad y la mayoría de edad de los participantes. Los licenciatarios del juego deben habilitar una función que le permita al jugador establecer límites de depósitos y otra para que pueda solicitar su exclusión.
Cabe destacar que el texto definitivo incluyó modificaciones tales como la referida a la participación de personas jurídicas nacionales en las uniones transitorias (UT) en las que aquellas se asociaren con empresas extranjeras. Mientras que el proyecto original fijaba la participación de esas empresas nacionales en el 35 por ciento de las UT, la norma aprobada disminuye ese porcentaje al 15 por ciento.
Del mismo modo, la ley sancionada aumenta la cantidad de licenciatarios de cinco que proponía el primer texto a 10, con la posibilidad de ampliar ese número a 20. También disminuye a 15 los años de plazo de las licencias, que en el proyecto original se fijaba en 20, al tiempo que establece que el destino del canon, en su totalidad, será destinado a asistencia social.
