En la provincia de Córdoba hay un amplio consenso en el diagnóstico. Las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad y sus familias, prestadores de servicios, instituciones y transportistas evalúan la manera en que avanzarán en la visibilización de los reclamos.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las organizaciones que lo integran en todo el país dieron a conocer detalladamente la «grave situación» que atraviesa el sector, debido a la falta de pagos por parte de PAMI, Incluir Salud y obras sociales nacionales.
A nivel nacional se convocó a un cese de actividades para el viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo. En lo que a la provincia de Córdoba respecta, hay un amplio consenso en el diagnóstico de la crítica situación que atraviesa al sector. Sin embargo, las diversas organizaciones que nuclean a personas con discapacidad y sus familias, prestadores de servicios, instituciones y transportistas están evaluando particularmente la manera en que avanzarán en la visibilización de los reclamos.
«La situación es insostenible»
El Foro llevó adelante este miércoles una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la cual representantes de instituciones, activistas y familiares expusieron el impacto de la situación.
Adriana Salomone, de la Asociación de Padres Dinad —institución que brinda servicios escolares, centro de día y hogar permanente para personas con discapacidad— describió con crudeza el escenario actual: “La situación es como un tren: la locomotora son el Estado y las obras sociales, que tienen que poner en marcha el motor con los recursos para sostener la asistencia. En el medio están las personas con discapacidad y atrás todos los trabajadores: enfermeras, profesionales, docentes, terapeutas. Si quienes tienen que pagar frenan el tren de golpe, todo el sistema se paraliza. Es como ir a 180 kilómetros por hora y poner el freno de mano: nos matamos todos”.
Salomone explicó que muchas instituciones dependen casi exclusivamente de estos pagos para sostener su funcionamiento: “En nuestro caso, el 50% de la facturación corresponde a PAMI y un 30% a Incluir Salud. Ninguno de los dos pagó diciembre. Mientras tanto, los trabajadores ya deberían haber cobrado sus salarios y la institución tuvo que afrontar sueldos y aguinaldos. Hoy no podemos pagar salarios y los trabajadores tampoco pueden seguir sosteniendo esta situación”.
También advirtió sobre el impacto directo en las personas con discapacidad, especialmente en quienes viven en hogares permanentes: “Las escuelas o centros de día, en el peor de los casos, pueden cerrar y las personas vuelven a su casa. Pero, ¿qué pasa con los hogares? Muchas de las personas que viven allí están judicializadas y no tienen familia. Si no llegan los fondos, la situación es insostenible”.
Por su parte, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente, señaló que muchas instituciones no cobran desde octubre o noviembre de 2025, lo que genera una crisis profunda en el sector. “Sin ingresos las instituciones no pueden hacer frente a salarios, insumos, alimentación o servicios básicos. Frente a esto hay un gran silencio de parte de Incluir Salud, PAMI y las pensiones no contributivas”, afirmó.
En tanto, el activista Jony De La Silla remarcó que sin prestaciones las personas con discapacidad no pueden sostener su vida cotidiana, mientras que la actriz Valentina Bassi, mamá de un joven con autismo, advirtió que el sistema “está asfixiado” y cuestionó la falta de respuestas estructurales frente a la crisis.
Desde el Foro Permanente y las organizaciones que lo integran exigen al Gobierno nacional y a las obras sociales el pago urgente de las prestaciones, ya que la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.
Cabe recordar que está vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada y ratificada por el Congreso, pese al veto presidencial. La norma fue resistida por la gestión de Javier Milei, hasta que una medida judicial, en respuesta a un amparo colectivo, obligó a ponerla en marcha. Sin embargo, la actualización de aranceles dispuesta por el Ministerio de Salud fue evaluada como «insuficiente» para hacer frente a la pérdida acumulada por el sector y los atrasos en los pagos persisten, como bien lo describió el Foro.
Documento de las instituciones de Córdoba
La Cámara de Prestadores en Discapacidad, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Federación Converger y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, emitieron este jueves denunciando la «profunda crisis en el sistema de discapacidad, ante la interrupción de la cadena de pagos y la Ley de Emergencia que no se cumple».
«Con gran angustia y preocupación queremos comunicar que las personas con discapacidad, las familias, los profesionales y las instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad de todo el país seguimos atravesando una grave crisis que a pesar de contar con la Ley de Emergencia, se continúa profundizando, poniendo en riesgo la continuidad de los espacios y servicios y, por ende, la posibilidad de que las personas con discapacidad reciban la atención que necesitan», sostiene el comunicado distribuido por las instituciones cordobesas vinculadas al área discapacidad.
El documento cuestiona que a pesar de los anuncios oficiales, la Ley de Emergencia en Discapacidad no
se está cumpliendo, «lo que agrava aún más la situación crítica que atraviesan las instituciones».
Así, se enumeran distintas cuestiones que abonan a una situación crítica para el sector. «Ninguna de las medidas de apoyo a los prestadores previstas en la Ley ha sido efectivizada ni ha llegado a las manos de quienes brindan las prestaciones», expresa el documento.
