El Gobierno avanza con la privatización de empresas estatales. El Presidente firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica de manera integral el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales.
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica de manera integral el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales, con el objetivo de habilitar el ingreso de capital privado en Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). El Gobierno avanza con la privatización de empresas estatales.
La disposición fue dictada en acuerdo general de ministros y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez.
El DNU 493/2025 sustituye más de 100 artículos del actual régimen regulatorio aprobado en 2006 y cambia las condiciones de operación de la concesionaria, que podrá ahora garantizar financiamiento con los fondos de la explotación, cortar el servicio en caso de mora y comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal con autorización del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
El decreto también incorpora un “Plan Director de Mejora Estratégica” para priorizar inversiones de infraestructura y habilita un período de transición de hasta cinco años tras la privatización para mantener el equilibrio económico-financiero del contrato.
El Gobierno justificó la medida en la “profunda crisis económica” y en el “deterioro operativo y financiero” de AySA, que recibió transferencias del Tesoro por US$13.400 millones entre 2006 y 2023 pero, según el Ejecutivo, no logró mejorar su productividad ni expandir adecuadamente la cobertura.
La administración libertaria sostiene que el modelo estatal vigente “no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia” y que se requieren “inversiones urgentes” para garantizar la continuidad del servicio en condiciones óptimas.
El 90% del capital de la compañía sigue en manos del Estado, aunque el DNU habilita su enajenación total o parcial conforme a la Ley 23.696 de Reforma del Estado. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del nuevo régimen.
