Los bloques de la oposición rechazaron con 51 votos afirmativos el veto presidencial a la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Para que quede firme la decisión debe ser ratificada en Diputados. Los bloques peronistas y de la UCR lograron destrabar el tratamiento de un amplio temario.
Con 51 votos afirmativos y ninguna abstención o voto en contra, la Cámara del Senado frenó el veto de Javier Milei a la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Para quede firme esa decisión se deberán conseguir los dos tercios en la Cámara de Diputados.
En una sesión extensa y con un temario cuestionado por el oficialismo, el Congreso avanzó en la aprobación del paquete jubilatorio, la extensión de la moratoria previsional y la Ley de Emergencia en Discapacidad.
A fines de junio, mediante el Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Presidente vetó en su totalidad el proyecto de Ley 27.790.
La norma propone la creación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos para reconstruir esa ciudad, que atravesó graves inundaciones en marzo pasado.
La iniciativa fue defendida en el recinto por sus autores, los bonaerenses peronistas Juliana Di Tullio y Eduardo ‘Wado’ De Pedro, y el radical Maximiliano Abad. Di Tullio planteó en el recinto de sesiones que Milei “miente cuando hace el mensaje vetando esta ley”, al hacer referencias a los argumentos del Gobierno para rechazar el veto, que había sido anunciado el 24 de junio en el Boletín Oficial.
Para Di Tullio, el Gobierno “miente” al consignar que había girado en abril los fondos para asistir a esa localidad. Por su parte, el radical Maximiliano Abad sostuvo que “no hay nada que moleste más, en mi vida privada y política, que los conflictos innecesarios que son como errores no forzados”.
El fondo especial se destinará a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, además de para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada.
También se podrá utilizar para la reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades.
El Senado avanza en la aprobación de normativas con alto impacto social que venían siendo acompañadas con un fuerte reclamo en diversos puntos del país. Por su parte, funcionarios adelantaron que todas las propuestas serán vetadas.