En una breve nota ante el ministro Germán Garavano, el camarista Jorge Ballestero presentó su renuncia en medio de la licencia médica que había pedido.
No adujo ningún motivo personal, sólo manifestó que deja su cargo en la Cámara Federal porteña.
Dos semanas después que el Consejo de la Magistratura aprobara el traslado al juez Eduardo Farah que votó por la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, el otro juez que acompañó esta decisión, Jorge Ballestero, se tomó una licencia médica de veinte días y presentó este miércoles su renuncia.
Los dos camaristas investigados por la resolución que liberó a los dueños del Grupo Indalo, ya dejaron así, sus respectivos cargos en la Cámara Federal porteña.
Eduardo Farah pidió ante el Consejo de la Magistratura su traslado en preferencia a un Tribunal oral Federal de San Martín. Como allí la vacante aún no se generó, ya que se espera que se apruebe el pliego del juez Daniel Petrone para integrar la Cámara de Casación, el camarista solicitó ir al Tribunal Oral Penal Económico 1 (TOPE 1). Mañana el Consejo en plenario decidirá si hace lugar al traslado.
Aprobado por Consejo de la Magistratura
El otro juez, Jorge Ballestero, renunció este miércoles y presentó un breve escrito ante el ministro de Justicia Germán Garavano. Aún haciendo uso de la licencia médica decidió dejar su cargo aunque no descartaba acogerse a la jubilación cuyos trámites inició en 2017.
Ballestero está denunciado por Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito con un patrimonio de 12 millones de pesos. Además la referente de Cambiemos sostuvo que los camaristas habrían cobrado sobornos para excarcelar al empresario K.
Ballestero tuvo dos intervenciones quirúrgicas en menos de un año en que le colocaron un total de 3 stent, más “las exigencias de la familia y los médicos que debe bajar un cambio está analizando seriamente esa posibilidad (la de jubilarse)”, indicaron desde su entorno.
Los dos camaristas fueron denunciados tras su decisión de votar por la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa donde se investiga la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) a la AFIP por 8.000 millones de pesos con la firma Oil Combustibles SA.
Además, votaron por modificar la calificación de la acusación. El juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita determinaron que se trataba de una defraudación al Estado con un embargo de 17.000 millones de pesos, mientras que los jueces de Cámara determinaron que se trató de una retención indebida de tributo. La medida cautelar se redujo a 8.945 millones de pesos.
A raíz del fallo, la Corte pidió que el Consejo de la magistratura investigue presuntas irregularidades en la confirmación de la Sala de Cámara, ya que el juez Farah tuvo que desempatar entre el camarista Leopoldo Bruglia que se oponía liberal a Cristóbal López y Ballestero con una postura contraria.
